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La crisis sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19 ha puesto en evidencia las profundas desigualdades en todos los países del mundo. Si bien las potenciales víctimas de esta enfermedad cruzan todos los estratos sociales, la atención y esfuerzos de los estados y de la comunidad internacional deberán concentrarse en las poblaciones más pobres y con alto riesgo de contagio, así como en aquellos países donde las capacidades para enfrentar esta pandemia son mucho más reducidas por las limitaciones de sus sistemas de salud y la insuficiente inversión destinada a este sector.
La urgencia de atender esta emergencia será mayor en estos países debido a las restricciones fiscales que ya enfrentan debido a la contracción en los ingresos públicos para el financiamiento de las políticas sociales.
Las desigualdades económicas y sociales en Bolivia, pese a la reducción importante registrada entre 2005 y 2018, son aún importantes: 3,9 millones de personas viven en situación de pobreza, y de éstas, 1.7 millones no logra cubrir ni siquiera el costo de una canasta básica alimentaria cuyo valor se estima en 324 y 413 bolivianos per cápita en áreas rurales y urbanas, respectivamente.
En este escenario de crisis sanitaria, el Estado enfrenta un triple desafío para garantizar el bienestar de la población y protegerla ante este choque inesperado que afectará en especial a los hogares más pobres y vulnerables: i) atender el riesgo y la prevención del contagio con medidas sanitarias, ii) asegurar la cobertura gratuita y la atención de los casos de emergencia, en especial de los más excluidos y iii) garantizar medidas de protección social para la población con menores ingresos y más expuesta a un deterioro de sus ingresos, garantizando así su derecho al sustento diario.
