La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación (artículo 17). Además, la educación se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla (artículo 77, I).
Sin embargo, el ejercicio de este derecho fundamental fue interrumpido durante el año 2020 para la mayoría de las niñas y niños del país tras la decisión del Gobierno –al gestionar la crisis sanitaria por la COVID-19– de clausurar las actividades escolares. Además, a esta medida se sumó la situación de abandono estructural y de desigualdad de varias décadas en la que se encuentra gran parte del sistema educativo público, sobre todo en las áreas rurales y dispersas del país, donde se encuentran pueblos indígenas y comunidades campesinas.
