El 1% más rico a nivel global, según datos de Oxfam, captura casi dos tercios de toda la nueva riqueza generada en el mundo, mientras el 99% restante de la población comparte solo un tercio. Esta desigualdad es inaceptable y se reproduce en diverso grado en nuestros países.
En promedio global, las grandes fortunas pagan tasas efectivas mucho más bajas que las trabajadoras y trabajadores de ingresos medios, debido a regímenes preferenciales, exenciones y elusión fiscal. En Bolivia, las y los ciudadanos aportan con el 16% como consumidores; si son profesionales libres, su aporte es del 16%; y en el caso de los trabajadores asalariados, el aporte es del 13% de sus ingresos.
Por ello, el anuncio del gobierno de Bolivia de eliminar el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) constituye un serio retroceso en la redistribución de la riqueza en el país. Esta decisión envía una señal política clara: se prioriza el alivio fiscal de un grupo muy pequeño de personas que son las más acaudaladas, cuando Bolivia necesita reforzar la movilización de recursos para sostener servicios esenciales y garantizar derechos de toda la población.
El IGF grava exclusivamente a quienes más riqueza concentran. Si bien el pago de este impuesto solo alcanza a unas 200 personas, eliminarlo beneficia al 0,001% más rico del país, y con ello profundiza la desigualdad. Eliminar este impuesto no reduce el déficit fiscal, sino que significa renunciar a recursos necesarios para avanzar en una agenda social que aún mantiene a 4 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza.
La salida de la crisis debe centrarse en beneficiar a la mayoría, en especial a los grupos históricamente marginados. Esto no se resuelve preservando privilegios de quiénes más tienen sino garantizando recursos para la mayoría.
Liberar del pago de impuestos al grupo más rico mientras se evalúan ajustes en el gasto social y contracción de la inversión pública es una señal de prioridades equivocadas y de sostener privilegios. Con los 240 millones de bolivianos que recauda anualmente el IGF, el Estado podría multiplicar el presupuesto nacional destinado a políticas de igualdad de género y lucha contra la violencia hacia la mujer, o incluso podría financiar adecuadamente los servicios municipales de prevención y atención de violencia (SLIM) en todos los municipios del país.
En un momento en que la desigualdad alcanza niveles sin precedentes, es fundamental que quienes concentran mayores patrimonios contribuyan proporcionalmente más al bienestar colectivo.
Oxfam en Bolivia recuerda que los impuestos a la riqueza son una herramienta probada y respaldada internacionalmente y forman parte de una agenda fiscal progresiva necesaria para reducir desigualdades. Lejos de afectar la inversión productiva o “ahuyentar la inversión privada”, contribuyen a equilibrar sistemas tributarios excesivamente concentrados en el consumo y permiten financiar bienes públicos que benefician a toda la sociedad.
Una sociedad más equitativa y democrática exige que cada uno aporte según su capacidad real. En tiempos de crisis y restricciones fiscales, avanzar hacia una tributación progresiva no es solamente una medida técnica: es una decisión ética.
Oxfam en Bolivia reitera su compromiso con un sistema fiscal que promueva la justicia social y reduzca las desigualdades.
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